Pedro Isaac Barreiro
Doctor en Medicina y Cirugía, Maestro en Salud Pública
Una reciente nota periodística¹ ha reactivado la reiterada y casi permanente reclamación de la población acerca de la atención que brindan los servicios de salud del IESS a sus afiliados, beneficiarios y más derechohabientes. Tales reclamaciones tienen su origen no solamente en la evidente dificultad que desde hace algunos años existe para lograr un turno para ser atendido, sino también en el impredecible tiempo que se debe esperar para que esa atención se materialice -especialmente cuando se trata de una intervención quirúrgica no urgente-; en la carencia de medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento prescrito por los profesionales de la salud de esa institución; en la frecuente inexistencia o el mal estado de algunos equipos que se requieren para la realización de exámenes y/o tratamientos indispensables para establecer un diagnóstico o para iniciar los procedimientos terapéuticos de acuerdo con los protocolos vigentes, etc., etc.
La persistencia y, en algunos casos, la profundización de estos problemas, sumados a las protestas de la población, se han constituido en un verdadero desafío, tanto para el órgano de gobierno del instituto (el Consejo Directivo), cuanto para los funcionarios responsables de los más elevados niveles de la administración institucional, es decir para el Director General, los Directores de cada uno de los seguros que integran el IESS, los Directores Provinciales, y los Directores de las unidades prestadoras de servicios de salud, servidores públicos que deben soportar no solamente las airadas y justificadas reclamaciones de los afiliados/pacientes, sino también las protestas de sus familiares, de las organizaciones de defensa de sus derechos y de la opinión pública en general.
A los problemas rápidamente mencionados en artículos anteriores,² se suman otros, de carácter externo a la institución, como son: la creciente expectativa de la población en relación con las innovaciones terapéuticas hoy existentes para el tratamiento de sus enfermedades; el indetenible, costoso y acelerado avance tecnológico en materia de equipamiento hospitalario; la elevada prevalencia de enfermedades metabólicas, crónicas, degenerativas, neoplásicas, cerebrovasculares, y, por supuesto, las graves lesiones ocasionadas por traumatismos de diversa índole, como accidentes de tránsito, violencia social, etc.
Son tan justificadas, persistentes y generalizadas las reclamaciones y protestas en demanda de una radical mejora de esta situación, que algunas de las soluciones inmediatistas y segmentarias aplicadas para enfrentarlas, no solamente que no resuelven los problemas, sino que además dificultan la identificación de sus causas, sus posibles soluciones, incrementan la insatisfacción y deterioran seriamente la imagen institucional y su credibilidad.
Los numerosos estudios elaborados por prestigiadas instituciones y grupos de trabajo nacionales e internacionales, producto de rigurosos análisis técnicos (actuariales, demográficos, epidemiológicos, tecnológicos, financieros, etc.) permiten llegar a la preocupante conclusión de que los sistemas de aseguramiento, prestación de servicios y financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tal como están diseñados, no son sostenibles en el tiempo y, por tanto, el deterioro de sus prestaciones -al menos en el ámbito de la salud- parece haberse vuelto progresivo, con grave perjuicio para la población necesitada de esos servicios.
Por eso, para iniciar un proceso de reforma destinado a darle sostenibilidad al sistema, es indispensable primero lograr la credibilidad en la institución y reconstruir la confianza que, en materia de prestaciones de salud se requiere para tranquilidad de sus afiliados. Para ello es necesario tener presente que el IESS es una institución autónoma,³ que forma parte del sector público del Estado Ecuatoriano,⁴ pero que no es un organismo del Gobierno Nacional ya que existe una muy puntual disposición constitucional que establece que sus ingresos y egresos no forman parte del Presupuesto General del Estado.⁵
El desafío es tan grande, que tomará mucho tiempo abarcarlo y enfrentarlo ordenadamente por lo apremiante de las demandas de los afiliados, jubilados y sus dirigentes. Solamente y como ejemplo, basta referirse a las incompatibilidades derivadas de la asincronía existente entre la Ley de Seguridad Social vigente (expedida en noviembre de 2001), y la Constitución de la República de 2008. Por tanto, una nueva propuesta de solución no debe correr el mismo riesgo de intrascendencia que han experimentado otras tantas iniciativas técnicamente construidas.
No basta con reformar la Ley de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Servicio Público o la Ley Orgánica de Salud, o con incrementar los presupuestos de las unidades de salud y endurecer las penas para quienes lucran a costa de la salud de la población. Es indispensable y urgente: a) la evaluación de todos los servidores públicos institucionales para garantizar su idoneidad y su honestidad, y despedir a quienes no cumplen los estándares de exigidos; b) desarrollar la capacidad de resolución de las unidades del primer nivel de atención; c) reforzar las actividades de prevención de la enfermedad a través de obligatorios controles periódicos de salud, según el tipo y la intensidad de los riesgos de cada grupo poblacional; d) repotenciar los sistemas informáticos a fin de mejorar el registro, la medición, los controles y la evaluación de procesos, los costos y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para, además, universalizar el acceso la historia clínica única y la telemedicina; e) desarrollar un programa permanente de comunicación y propaganda a través de los medios de comunicación masiva para concientizar a la población de que con las medidas señaladas se podría -por fin- iniciar la indispensable reforma que garantice la recuperación y la sostenibilidad del sistema.
No se trata de una receta (que puede ser justamente criticada), pero sin ella, será muy difícil vencer las históricas resistencias que impiden llevar a cabo las reformas que todo el sistema de seguridad social ecuatoriano requiere con urgencia, especialmente en materia de financiamiento y coberturas de riesgos, contingencias y daños en los seguros de salud y de pensiones.
Referencias
Diario El Comercio. Quito, 2025/01/22
Noticiero Médico. Edición digital. Quito, agosto de 2021
Constitución de la República. Art. 370
Constitución de la República. Art. 225, numeral 3.
Constitución de la República. Art. 292
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