Los médicos postgradistas con el apoyo de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Postgradistas (ASEMP) han expuesto la vulneración de sus derechos, la reducción de oportunidades para su formación profesional y el efecto en la salud pública, al no contar con suficientes médicos para atención en los hospitales públicos a nivel nacional.
El pedido de los médicos postgradistas durante estos tres últimos años, es que se revise la remuneración a sus labores como internistas, así como la afiliación al seguro y una mejor formación académica. En Ecuador son más de 3 mil estudiantes de postgrado en especialidades médicas que rotan en hospitales públicos y privados para especializarse en diferentes ramas de la medicina.
Los médicos postgradistas no reciben ningún tipo de remuneración económica y no se les permite trabajar durante su periodo de formación, un 35% aproximadamente se autofinancian para cumplir el programa y el 65% cuenta con una beca pagada por el Estado o por entes privados, que no es suficiente ni representativo a las funciones hospitalarias que cumplen por 64 horas semanales obligatorias según el Consejo de Educación Superior y que en muchos casos hasta superan las 100 horas.
Con la emergencia sanitaria y la aprobación de la Ley Humanitaria en junio de 2020, salieron a la luz algunas irregularidades en los programas de postgrado, que estaban vulnerando los derechos de más de 600 médicos en ese momento, especialmente de Quito, Guayaquil y Cuenca, ciudades con mayor demanda de atención médica por la pandemia.
El doctor Andrés Cortez, uno de los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Postgradistas (ASEMP) en una entrevista con el Noticiero Médico, nos dio su testimonio y punto de vista frente a esta situación. Fue médico postgradista en la especialidad de traumatología y ortopedia de la Universidad Católica del Ecuador y hace un mes y medio terminó su programa de formación.
Asegura que actualmente “somos el único país a nivel de Latinoamérica en el que el Gobierno no reconoce a los médicos postgradistas como trabajadores”, siendo una fuerza de servicio importante que mueve el sistema de salud pública actualmente.
De acuerdo al proyecto de Ley Humanitaria, los médicos postgradistas debían firmar un contrato de servicios ocasionales hasta que terminen su postgrado y recibir un sueldo de USD 1 676 al mes, remuneración similar a la de un médico general, sin embargo, un gran grupo de médicos no pudieron acceder a este beneficio.
El sistema de postgrados de Ecuador se maneja en un sistema rotativo, en varios hospitales públicos y privados, esto no se tomó en cuenta en el análisis de Talento Humano de la planta central del Ministerio de Salud Pública, dejando a los médicos que estuvieron rotando en un hospital privado durante la pandemia sin oportunidad de ser contratados, nos comenta el Dr. Cortez. No hubo control por parte de las autoridades, dejando meses sin sueldos a este grupo de médicos que no cesaron su servicio en contingencia a la pandemia.
Después de un año de emergencia sanitaria por Covid-19, la transición al nuevo Gobierno y la lucha constante de las asociaciones de médicos postgradistas, se firmaron los primeros contratos en diciembre de 2020 y otros en febrero de 2021, bajo la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, pero no se cubrió al número total de demandantes, con el agravante de que solo iban a rotar los médicos contratados, un nuevo atropello a los derechos de los postgradistas, indica el Dr. Cortez.
Desde febrero hasta noviembre de 2021, se iniciaron varios procesos legales y se ejecutaron acciones de protección a favor del derecho a la formación de los médicos, exigiendo a las unidades asistenciales y al Ministerio de Salud Pública que les permitan rotar. Sin embargo, esto no infirió para ninguna contratación, ni pago económico.
Frente a este escenario y por irregularidades en convenios macro entre hospitales y universidades, no se realizaron convocatorias de programas de postgrado por aproximadamente 2 años, actualmente han disminuido en número y en el caso de algunas universidades, ofrecen rotaciones únicamente en clínicas privadas. Esto ha ocasionado que los médicos no puedan tener una experiencia completa en su formación y a su vez que en los centros hospitalarios públicos disminuya la fuerza laboral para atender a la demanda actual de pacientes.
No hay una firme regulación en el programa de postgrados, desde la convocatoria, el examen de admisión, concursos de méritos y rotación laboral, menciona el Dr. Cortez, y cada vez empeora la situación de los médicos que buscan continuar con una formación profesional de calidad.
Pronto los médicos a los que se les extendió el contrato, tendrán su título y renunciarán para optar por una plaza de médico especialista con mejor remuneración, disminuyendo el número de profesionales que cumplen funciones asistenciales en casas de salud y el Gobierno tendrá que suplir a los médicos postgradistas contratando médicos generales, un impacto económico para el Estado.
En el hospital que trabaja Andrés Cortez, necesitan como mínimo 12 médicos generales para el número de pacientes que reciben; solo mantienen bajo contrato a 2 profesionales y el resto del servicio lo cubren los médicos postgradistas, quienes en pocos meses culminarán su postgrado y dejarán puestos vacíos que no tendrán reemplazo. Esta situación se repite en varios centros hospitalarios y será un problema grave para los médicos postgraditas que quedan, pues tendrán que cuadriplicar su carga horaria laboral sin reconocimiento alguno, comenta el Dr. Cortez.
El pedido concreto que tienen los médicos que están cursando su especialización, es que se convoque a mesas de trabajo a través de la Asamblea para determinar dentro de la Ley cláusulas que regulen la situación de los médicos postgradistas. “En otros países, una sola entidad regula y hace una convocatoria global con su respectiva evaluación, en Ecuador cada universidad tiene su propio examen y eso se presta a que no existan procesos transparentes e imparciales”, añade el Dr. Cortez.
Los médicos posgradistas exigen que se les reconozca como trabajadores formales que cumplen horarios, trabajo asistencial, aportando con sus conocimientos y atención a la comunidad. Que exista control y regulación en los programas y convocatorias de postgrado, porque no solo está en juego su formación profesional sino la demanda de la sociedad en general que necesita atención médica.