PEDRO ISAAC BARREIRO
MSP- DM
El año 2020 será recordado debido a la inusual convergencia de numerosos acontecimientos que alteraron profunda y sostenidamente el bienestar de los habitantes de todo el planeta, especialmente en los ámbitos relacionados con la economía, la salud y la educación. A los fenómenos “naturales” como el calentamiento global, los devastadores huracanes y tormentas, los terremotos e inundaciones, la extinción de numerosas especies de animales, etc., se sumaron otros indiscutiblemente antrópicos, como la desaparición de los bosques debido a la tala o a los incendios forestales, la contaminación ambiental, el creciente consumo de estupefacientes, la trata de personas, las incontenibles migraciones ocasionadas por el hambre, la violencia social, las guerras, etc., que, al aparecer y actuar sinérgicamente, rebasaron las capacidades de los gobiernos de los países para controlarlos.
Nuestro país no fue la excepción, y como uno más de la comunidad internacional, debió enfrentar esos mismos problemas, en medio de una crisis moral y política sin precedentes que luego de una larvada gestación, se manifestó con particular intensidad durante los últimos 15 años y que, en el ámbito de la salud, llegó a su apogeo a partir de la tercera semana de marzo de 2020, con la confirmación del primer caso de infección por coronavirus (SARS-CoV2).
Hasta la fecha en que se escribió este artículo, el número total de casos confirmados (prevalencia) bordea los 192.000 y el número oficial de nuevos casos diarios (incidencia) es de 1.375. Los esfuerzos gubernamentales para implantar el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento entre las personas y para controlar la movilidad social, como estrategia para reducir el explosivo contagio y la elevada mortalidad observada en algunas ciudades, no tuvo la respuesta necesaria debido a:
-la creciente desconfianza de la población en una administración pública carente de credibilidad, de recursos y de experiencia para enfrentar la emergencia;
-la incontrolable difusión de información no verificada a través de las denominadas “redes sociales” que incrementaron el pánico, el desorden y la proliferación de tratamientos pseudocientíficos para “curar” la enfermedad; y,
-las necesidades de trabajo e ingresos diarios para la sobrevivencia del creciente número de familias que integran los segmentos más pobres de la población.
La atávica convicción de que las enfermedades se curan solamente en los hospitales y en las unidades de servicios de salud -llámense subcentros, dispensarios, ambulatorios, clínicas, etc.- incidió también en la demora para programar, organizar y mantener una ordenada participación de la población para fortalecer la vigilancia epidemiológica comunitaria, estrategia válida para controlar la detección de nuevos casos, difundir información validada, y contener la expansión de la epidemia.
La elevada patogenicidad del virus, su hasta ahora insuficientemente conocida transmisibilidad y su explosiva aparición y difusión, son algunos de los factores que explican el desconcierto inicial producido en los sistemas de salud de todo el mundo, que no pudieron controlar las elevadas tasas de contagio y de morbilidad y mortalidad globales hasta ahora observadas.
Nuestro país no fue la excepción. Y no podía serlo pues, a los factores mencionados se sumó no solamente la tradicional debilidad de su desarticulado y débil sistema de salud, su insuficiente presupuesto de operaciones, sino también la incompetencia y falta de credibilidad de las autoridades del ramo, habitualmente distanciadas del personal operativo profesional y no profesional de atención directa, de servicios auxiliares, de laboratorio, de limpieza, de apoyo administrativo, etc., que, aun poniendo en riesgo su propia vida, tuvo que transformarse, de la noche a la mañana, en la primera línea de contención de la epidemia a pesar de carecer de los componentes de bioseguridad indispensables para su protección personal. Por eso hoy lamentamos su desaparición en medio de una heroica batalla librada en franca desventaja contra un silencioso e invisible enemigo y recomendamos sus nombres como ejemplo de responsabilidad y amor a su profesión y a su patria.
En resumen, la epidemia desnudó y puso en evidencia una buena parte de la grave situación de los servicios públicos de salud en el Ecuador: personal insuficiente, mal remunerado o impago; posgradistas sin salario; horarios de trabajo insanos; administradores improvisados, medicamentos, insumos y equipamiento insuficientes, y en algunos casos obsoletos o caducados.
Y como si todo aquello todavía fuera poco, en medio de tanto descalabro, la actual pandemia también puso al descubierto el pico más alto alcanzado por la endémica y vergonzosa corrupción imperante en nuestro país, verdadera lacra nacional que parece haber contaminado todos los procesos de contratación pública, especialmente aquellos que se relacionan con la construcción y equipamiento de hospitales, adquisición de medicamentos e insumos, dispositivos y equipos médicos y quirúrgicos, reactivos para laboratorio, etc. ¡Nadie debe olvidar la escandalosa adquisición de fundas de polietileno o bolsas para cadáveres en los trágicos días de mayor desconcierto y dolor!
El mejoramiento de la salud de una población requiere de una permanente vigilancia epidemiológica y de la capacidad de actuar oportunamente y al unísono con la organización social, frente a un problema. Pero también requiere de autoridades de comprobada idoneidad, experiencia, liderazgo y honestidad en el manejo de los recursos que administra. Y, sobre todo, de energía y firmeza para sancionar a los corruptos.
¡Los ladrones a la cárcel!
PIB - Quito, 2020/11/30
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