Dr. Víctor Manuel Pacheco
Redbioética UNESCO, Academia Ecuatoriana de Medicina
El 19 de marzo de 2020 se inauguró en Ecuador un infierno.
Escribía entonces que surgió un nuevo miedo: miasmiático, difuminado, imperceptible. Salvo por los fallecidos: cadáveres vistos como números crecientes, abstractos, estadísticos; o reales, como imágenes de noticieros vistos en todo el mundo y de origen en Guayaquil. La causa: un ente entre la vida y lo inerte, invisible e imperceptible, con nombre de príncipe chino: SARS-Cov2, que provoca la COVID-19 que lleva a la corona muerte y acaba en corona hambre.
Si bien todos podemos infectarnos, la COVID-19 no afectó, ni afecta, a todos con la misma severidad y con el mismo riesgo de letalidad. Se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad las personas mayores, con problemas de salud subyacentes, sin vacunación o con esquemas incompletos. Y quienes también están en situación de vulnerabilidad por pobreza, falta de acceso a la atención médica, desempleados, sin conectividad tecnológica, o en condiciones de vida insegura o de degradación ambiental.
Nunca sabremos “cuántos mismo” murieron en Ecuador en la pandemia, y cuántos siguen muriendo por las secuelas de la COVID-19. Las cuentas dicen que el total de “exceso de fallecimientos” (un eufemismo para no decir el número de muertes) fue de 46656 en 2020 y 89165 hasta septiembre de 2022, con una tasa de mortalidad acumulada a esa fecha de 204.9 por cien mil.
Lo que sí sabemos, para el que quiera verlo, es que la pandemia no solamente desnudó, sino que descarnó a un sistema de salud inexistente por lo débil, con respuestas iniciales lentas e inadecuadas, cuando no anecdóticas y evidentemente insuficientes.
También sabemos que el infierno desatado no habría sido tal si se habrían respondido técnicamente, desde la evidencia científica, a las preguntas que surgían. Sobre el modelo para el control epidemiológico y la asistencia sanitaria, que se demostró ineficiente. Sobre el cumplimiento parcial o el incumplimiento de las recomendaciones de diversas instituciones académicas y científicas y del Consenso Multidisciplinario Informado para el tratamiento de la enfermedad. Sobre el déficit de personal sanitario y en el área de la salud. Y también sobre la investigación científica desordenada y sin principios éticos. Pero sobre todo si las pocas y desordenadas respuestas hubiesen obedecido a la ética y al respeto de los derechos humanos. En la priorización de la vacunación, acomodada a intereses familiares, económicos y políticos de compadrazgo determinada por el Ministro y Ejecutivo de ese entonces. En la falta de respuesta honrada ante la opacidad, corruptela y podredumbre -conocidas y denunciadas- de adquisición de insumos sanitarios. Sobre la permisión y aún beneplácito de procedimientos empíricos y mágicos en la práctica de atención sanitaria… Situaciones todas expuestas, analizadas y denunciadas, entre otros, por la Comisión Nacional de Bioética en Salud y la Comisión Nacional Anticorrupción.
Las interrogantes ahora son: ¿aprendimos algo de esa pandemia? ¿aprehendimos los errores para corregirlos? ¿se repetiría el “exceso de fallecimientos” ante situaciones símiles? ¿cuáles son las previsiones, precauciones, cuidados, análisis, planes, políticas públicas y contingencias que se han tomado o que se están tomando?
Las respuestas que conocemos son desalentadoras. Y las propuestas que se hacen, no son esenciales o estructurales sino superficiales, epidérmicas y demagógicas.
El Estado y su Ministerio de Salud, y las proposiciones políticas, se mantienen en la incomprensión de que la enfermedad es tan solo un evento biológico, médico o epidemiológico, y no un proceso social, económico y político, como lo es. Proceso con dilemas relevantes de extensión social y colectiva, tales los determinantes de situaciones de vulnerabilidad o injusticia en la distribución de recursos para los que ni aun declarativamente se buscan soluciones: a la fecha 2.4 millones de ecuatorianos viven con menos de 1.72 dólares al día, y 5.2 millones “oficialmente” viven en la pobreza con menos de $92 al mes. O de inequidad y ausencia de solidaridad, con incremento en el año 2024 del Índice de desigualdad de Gini a 0.467 (mientras más se acerque a 1.0 más desigualdad existe). Y también de insuficientes cooperación y emprendimiento solidario proactivo: la tasa de “empleo informal” se calcula en más del 50% y se han incrementado en el último año el subempleo y el empleo precario, de acuerdo a estadísticas públicas oficiales.
Tampoco el Ejecutivo parece, por ahora, interesado en la reflexión ética y bioética y en la corrección política de situaciones que atentan contra la dignidad y los derechos de las personas y comunidades. Eliminó por decreto la voz ética y crítica de la Comisión Nacional de Bioética. Interpretó –modificándola- la sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a una muerte digna. Violenta el derecho humano inalienable a la asistencia sanitaria y al acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces; desentendiéndose de su deber constitucional de garantizarlos y demostrando su quemeimportismo con su inasistencia a los llamados de la Defensoría del Pueblo.
Pero, aun así, y a tiempo de una nueva elección, es el momento que desde la sociedad civil, la academia, las universidades, el pensamiento político ¡y desde los candidatos! se plantee un modelo democrático, holístico, con enfoque bioético, del sistema de salud. Que busque políticas públicas para la disminución de la inequidad sanitaria; la corrección de los determinantes de situaciones de vulnerabilidad y de factores de riesgo ambiental, social, biológico y económico; que corrija las deficiencias y ausencias en infraestructura y talento humano; que respete la dignidad de las personas, a salvo de los vicios que se han mostrado en el modelo hiperpresidencialista: impositivo, autoritario, lleno de leguleyadas y gamonalías. Esperamos esas propuestas democráticas y bioéticas… ¡y la convicción y compromiso juramentado para su ejecución!
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